Cómo la Alta Dirección Pública ha deteriorado Codelco:
El nombramiento del directorio de Codelco por el sistema de Alta Dirección Pública coincide con el inicio del ciclo de pérdidas y malos resultados de la principal cuprífera del mundo. Desde 2010 comenzó una política de endeudamiento y entrega de yacimientos a privados, contabilizándose sólo ese año pérdidas por US$1.042 millones. Todo un esquema para privatizar por dentro de Codelco acelerado por el actual presidente del directorio, Máximo Pacheco. Sus primeros años de gestión dejaron pérdidas por 591,2 millones de dólares.
Por Mauricio Becerra
La reciente designación en el directorio de Codelco del ex canciller de Piñera, Alfredo Moreno; y de Tamara Agnic, quien estuvo a cargo de privatizar la Casa de Moneda y permitió la fusión de AFP Cuprum que costó más de $80 mil millones al fisco por no pago de impuestos, ha despertado críticas al mecanismo de nominación dirimido por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Si bien la cobertura de dicho proceso de selección de altos cargos de empresas estatales y de varias instituciones del Estado es ser una instancia eminentemente técnica, es decir, capaz de seleccionar al mejor postulante para el cargo, sin mediar consideraciones políticas, con Moreno y Agnic pasa que ninguno tiene idea de minería.
Tamara Agnic es ingeniero comercial con máster en Administración de Empresas, estuvo a cargo de implementar la privatización de la Casa de Moneda siendo asesora de la subsecretaría de Hacienda del ministerio dirigido por Andrés Velasco, en el primer gobierno de Michelle Bachelet; luego la vemos como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y en 2015, como superintendenta de Pensiones, determinó que en la compra de AFP Cuprum por Principal Financial Group no se pagaban impuestos, pese a un edicto en contra de la Contraloría. Los controladores de Iowa tuvieron un beneficio tributario de 80 mil millones de pesos. Lo escandaloso del perdonazo la hizo renunciar al cargo, pero reaparece en 2018 como directora de Chile Transparente, pasando con los años a ser vicepresidenta. Para el 2022 la vemos en el directorio del Banco Estado. En resumen, el paso de Agnic por altos cargos públicos nos dejó con los billetes imprimiéndose fuera del país y 80 mil millones de pesos ahorrados a unos inversionistas gringos. Todo muy transparente.
Ambos fueron seleccionados por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Si bien ambos tienen experiencia en puestos de directorio de empresas, en minería no tienen experiencia ni publicaciones en la materia. Ambos recibirán una dieta que bordea los 6 millones de pesos mensuales.
Algo raro pasa ahí.
Una ausencia de experiencia que no vieron en el Consejo a cargo de la selección, como tampoco fue capaz de percibir el presidente Gabriel Boric, quien simplemente los ratificó en el cargo. Si bien el presidente escoge a partir de la nómina propuesta por ADP, es decir, no tiene las facultades para dirimir personalmente, si tiene la facultad de vetar los nombramientos, lo que obliga a la ADP a entregar una nueva propuesta. Así lo explicó el abogado Mauricio Daza, quien ha seguido la pista del polémico acuerdo de Codelco con SQM, quien destacó en redes que aunque “el presidente elige de una nómina integrada por varias personas elaborada por el Consejo de Alta Dirección Publica (ADP) (que no designa el cargo). El presidente puede también no elegir a nadie, debiendo repetirse el concurso”.
La conformación del directorio de Codelco tiene nueve miembros titulares que duran cuatro años en sus cargos, los que si bien son nombrados por el presidente, en el proceso de designación el Consejo de Alta Dirección Publica escoge 4 cargos, otros tres son nominados por el mismo mandatario y hay dos representantes de los trabajadores.
El argumento de que se trata de decisiones técnicas y una supuesta autonomía del proceso selectivo funcionan muy bien como cobertura a nivel formal. ¿quién va a estar en contra de quitar de los cuoteos de políticos tan importantes cargos? Pero en la práctica la ADP al retirar de manos del Ejecutivo los altos cargos de las empresas estatales y servicios públicos, en vez de fortalecer la consolidación de un cuerpo de cuadros técnicos con experiencia en la gestión estatal, con los casos de Moreno y Agnic evidencia que se ha dejado dicha función en manos de una tecnocracia escogida a dedo por las diferentes fuerzas políticas y con evidentes sesgos ideológicos.
Lo cierto es que el mecanismo de elección del directorio de Codelco fue diseñado precisamente para asegurar un cuerpo dirigente de la cuprífera estatal que si bien está recubierto de un perfil técnico, en la práctica para llegar al ente directivo se requiere más que una especialidad en el campo de la industria minera, en el selecto mundo de los directorios de empresas.
EL CUOTEO DEL CONSEJO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
La Ley de Alta Dirección Pública (ADP) fue promulgada en 2003 por el gobierno de Ricardo Lagos. En Codelco se comenzó a aplicar con la Ley 20.290, promulgada en 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Ambos cuerpos legales fueron negociados con la derecha, principalmente la UDI, tras destaparse el escándalo de MOP-Gate. Si en principio la ley en Codelco persiguió evitar las nominaciones por definiciones políticas, bajo el argumento de una selección absolutamente bajo criterios técnicos, la oportunidad fue aprovechada para retirar de las facultades del gobierno la nominación del directorio de Codelco, siendo determinada por una agencia que tiene la cobertura de ‘técnica’, pese a que sus miembros son negociados entre el gobierno y la oposición. De esta forma, se complica a una coalición política que llegue al gobierno darle un enfoque de empresa estatal a la cuprífera chilena, al tener un directorio cuya mitad de miembros es nominado por dicha entidad. Es decir, se creó una instancia de control de las direcciones de las empresas estatales por fuera de las decisiones democráticas.
Desde el momento de ser creada la ADP estuvo cuoteada. Su primer consejo estuvo presidido por la economista Catalina Bau Aedo, ex pareja de Enrique Correa; y participaron como directoras la economista Rossana Costa de Libertad y Desarrollo (LyD); y la abogada María Luisa Brahm del Instituto Libertad, ligada a Renovación Nacional.
En la actualidad el Consejo de ADP está dirigido por Pedro Guerra Loins, quien fue nombrado por el presidente Boric en marzo de este año, reemplazando a Felipe Melo, quien fue llamado a la Moneda a reemplazar el cargo de asesoría dejado por Miguel Crispi. Pedro Guerra es psicólogo, funcionario de carrera del mismo Servicio Civil, desempeñándose como subdirector de Gestión y Desarrollo de Personas entre 2014 y 2023. Antes fue jefe de proyectos corporativos en Codelco, subgerente de Formación y Desarrollo Organizacional en Metro y jefe nacional del Departamento de Recursos Humanos de la Defensoría Penal Pública. Además ha ejercido docencia en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
La derecha en la actualidad está representada en el consejo de ADP desde 2016 por Bettina Horst Von Thadden, directoria de Políticas Públicas de LyD y Senior Fellow de la red conservadora Atlas Network; y por Eduardo Riquelme Portilla, militante de Renovación Nacional (RN), quien fue jefe de la División de Relaciones Políticas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y jefe de gabinete del entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand; y durante Piñera 2.0 fue subsecretario de Pesca y Acuicultura, cuando se tramitó la llamada Ley corta de Pesca. También su nombra figura entre los abogados que defendieron a parlamentarios de RN en las causas por financiamiento irregular de la política, además de promover querellas del Ejecutivo durante el estallido social con su estudio de abogados, en julio de 2021; y defender a un funcionario de defensa ante la denuncia del ex-militar Rafael Harvey.
Otra integrante es Cristina Orellana Quezada, esposa del diputado Gabriel Silber (DC). Orellana fue encargada de administración y finanzas de Ignacio Walker Prieto (2010-2015) y secretaria ejecutiva del Centro Democracia y Comunidad (CDC), entidad ligada al mismo partido político. Un reportaje de Ciper da cuenta que CDC fue el buzón de un monto estimado en más de 360 millones de pesos donados por el Grupo Angelini a la campaña presidencial de Michelle Bachelet de 2013. Bajo la dirección de Orellana, el CDC recibió 84 millones de pesos entre septiembre de 2011 y noviembre de 2013, pagos que después pasaron a ser enviados a través de otra sociedad ligada a su hermano, Víctor Orellana Quezada. También Orellana, según Ciper, recibió en diciembre de 2015dineros del Grupo Said por $16,6 millones en 2013. El premio para Orellana fue presidir el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en el segundo gobierno de Bachelet, desde donde arribó al Consejo de ADP. También tiene profundos contactos con la vocera de Piñera 2.0, Cecilia Pérez; y el abogado sionista ligado a la UDI, Gabriel Zaliasnik, quien defendió en una causa a su esposo, el diputado Silber.
Las otras integrantes del Consejo de ADP son María Martin Munchmeyer, quien está filiada al Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; y la abogada Mariana George-Nascimento, quien se ha dedicado a la asesoría de empresas, quien figura como Secretaria Técnica del Consejo de Alta Dirección Pública, habiendo ingresado al Servicio Civil en junio de 2006.
En resumen el organismo, más que estar conformado por funcionarios de una intachable carrera en el Sistema de Empresas Públicas del Estado o agencias de gestión y transparencia, obedece a mecanismos de integración determinados por negociaciones políticas. La ADP quedó conformada así por dos representantes de la derecha, una demócratacristiana ligada también a la derecha, un director de confianza del actual gobierno, una representante del mundo académica y una secretaria técnica.
LOS COSTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO EN CODELCO
La Ley de Gobierno Corporativo de Codelco (Ley N° 20.392), promulgada por la presidenta Bachelet en 2009, modificó el Estatuto Orgánico de Codelco, estableciendo un directorio según el modelo de las sociedades anónimas, acotando la nominación de autoridades políticas. Se trató de un modelo de gestión empresarial encubierto como técnico a través de la ADP, pero que en la práctica está diseñado para restringir el acceso al directorio de la principal cuprífera del mundo ejecutivos que han hecho carrera en mineras privadas o directorios de cualquier tipo de empresa.
Nelson Soto Aguilera, ex consejero nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre, considera que esa legislación sirvió para afianzar el proceso privatizador de la cuprífera estatal. Comentó que “la primera intromisión de las empresas transnacionales a Codelco fue la incorporación de ejecutivos que provenían del capital privado. Hoy están iniciando la segunda etapa del proyecto privatizador de Codelco”.
El primer directorio nombrado bajo dicha modalidad fue encabezado por Diego Hernández, quien fue designado por el ex-presidente Sebastián Piñera en 2010. Si bien tenía experiencia trabajando en Codelco, su principal currículum lo hizo asumido puestos de gerencia en mineras como BHP Billiton, Vale, Rio Tinto y Anglo American.
Entrevista por Radio Universidad de Chile en esa época, el economista y abogado Julián Alcayaga comentó que para postular al sistema de ADP “hay que haber trabajado en empresas mineras, por lo tanto solo pueden entrar ejecutivos de empresas mineras. Piñera, naturalmente, nombró a tres personas que eran proclives a la inversión extranjera en minería y que eran partidarios de las transnacionales mineras. Por lo tanto, el directorio quedó compuesto de tal manera que ellos nombraron al Presidente ejecutivo y Diego Hernández nombró a una cantidad de vicepresidentes que venían todos de las transnacionales mineras y que habían trabajado con él en Anglo American”.
Diego Hernández ejecutó un plan de inversiones de unos 16 mil millones de dólares proyectados a diez años, los que según Alcayaga fueron “concebido para endeudar inútilmente la empresa”.
Se definió en la oportunidad que el objetivo era incrementar la producción, pero según calculó Alcayaga en un análisis posterior, se trataba de cifras tramposas: “las mineras extranjeras han invertido en total alrededor de 20 mil millones de dólares desde 1990 a 2010, pero aumentaron la producción en 3,7 millones de toneladas, es decir que invirtieron 5.400 dólares por tonelada producida. Pero Diego Hernández desea invertir 16 mil millones de dólares, mediante endeudamiento, solo para mantener la misma producción”.
La gestión de Hernández también dilapidó recursos en los mercados a futuros. Según la revisión hecha por Alcayaga a los Estados Financieros de Codelco, se comprueba que en el año 2010 se contabilizaron pérdidas por 1.042 millones de dólares en mercados a futuro, además de otros 2.316 millones de dólares expuestos o aprovisionados como pérdidas para los ejercicios 2011 y 2012.
Hernández estuvo al mando de Codelco apenas dos años, nombrado por Piñera en mayo de 2010, justo dos años después (mayo de 2012) renunció furtivamente a la presidencia de Codelco. Apenas dos meses después asumió como presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
Por Mauricio Becerra
Tomado de https://www.elciudadano.com/
