Por Miguel Angel Barrera
Entre marzo y octubre de 2023, en plena democracia chilena bajo el gobierno de Gabriel Boric Font, CODELCO —la supuesta “joya de la corona” estatal— ejecutó una operación de vigilancia encubierta contra un dirigente sindical. La sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama (de fecha 10 de marzo de 2025) no sólo acredita los hechos, sino que los exhibe como un emblema de la continuidad del Estado burgués en su rol represivo.
Durante meses, entre marzo y octubre de 2023, el dirigente sindical Miguel Véliz Fernández, tesorero del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Chuquicamata (ex Sindicato N° 3), fue objeto de una operación sistemática de seguimiento y vigilancia, orquestada desde lo más alto de la División Chuquicamata de CODELCO, específicamente por su Director de Protección Industrial, Carlos Águila Villanueva.
Este episodio no ocurrió en dictadura. No fue obra de los Chicago Boys. No, ocurrió en nuestro gobierno, responsable político de una empresa pública que actuó como patrón represor. ¿Y cuál fue el crimen de Véliz? Exigir que CODELCO respetara fallos judiciales previos y dejar de vulnerar derechos colectivos de los trabajadores. En buen marxismo: ejercer el rol histórico de la clase trabajadora organizada contra el capital estatal.
Lo que comenzó como una reunión sindical con la gerencia de CODELCO la noche del 10 de octubre, terminó en una persecución tipo DINA: a la salida del edificio corporativo, Véliz y otros dirigentes fueron seguidos por una camioneta sin logos (PPU SFXV-77), arrendada a través de la empresa ISS Chile S.A., contratista de seguridad de CODELCO.
Al día siguiente, 11 de octubre a las 7:00 AM, la misma camioneta fue grabada vigilando la casa del dirigente sindical, ubicada en la Villa Kamac Mayu, Calama. Un sujeto desconocido tomó fotos de su hijo camino al colegio. Véliz intentó encararlo; el conductor de la camioneta lo embistió, pasándole el vehículo por sobre el pie.
Pero no fue un hecho aislado. Las pruebas fueron contundentes: la camioneta estuvo más de 12 horas estacionada fuera de su domicilio, se desactivó deliberadamente el GPS del vehículo en esa franja horaria (según la auditoría KPMG), y el personal de vigilancia admitió en investigaciones que actuaban por órdenes del alto mando de CODELCO. No de ISS. No por cuenta propia. Por órdenes directas del Estado empleador.
Cuando se habla del “Estado empresario”, hay que entenderlo como una forma concreta del Estado capitalista. Lo ocurrido en octubre de 2023 fue ejecutado durante un gobierno que llegó con discurso de transformación, pero terminó administrando con disciplina los intereses del gran capital… incluso el estatal.
Que durante ese periodo CODELCO persiguiera a un dirigente sindical como si se tratara de un enemigo interno no es un desliz técnico: es una expresión clara del carácter burgués del aparato estatal, que incluso en manos de gobiernos “progresistas” continúa reprimiendo la autonomía obrera en el momento en que esta se vuelve peligrosa para la estabilidad del orden patronal.
Ni La Moneda, ni el Ministerio del Trabajo, ni la Dirección del Trabajo, hicieron algo para frenar este aparato de vigilancia empresarial, a pesar de haber recibido las denuncias formales con nombre, fecha, pruebas e incluso la placa patente del vehículo usado para el hostigamiento. El silencio del gobierno termino por transformarlo en cómplice por omisión.
Este caso es una radiografía perfecta del poder punitivo del Estado cuando opera como patrón, aunque se vista de progresismo. Es la demostración empírica de lo que Marx y Engels advertían en el Manifiesto Comunista de 1848: “El gobierno del Estado moderno no es sino una junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa.”
En esta junta participan por igual los gobiernos neoliberales y los reformistas domesticados. Mientras los trabajadores piden que se respeten sus derechos básicos, la respuesta del capital —incluso estatal— es la represión sistemática, el espionaje y el intento de quebrar moralmente a quienes se organizan. El mismo patrón con otra corbata.
El fallo judicial condenó a CODELCO a pagar 20 millones de pesos en indemnización y 300 UTM de multa, junto con ordenar disculpas públicas. Pero ¿quién restituye la seguridad quebrada del trabajador? ¿Quién responde políticamente por este montaje? ¿Dónde está la destitución de los responsables jerárquicos? ¿Dónde la sanción al aparato represivo interno de CODELCO?
Este caso exige más que justicia formal. Exige una respuesta colectiva del movimiento obrero. Una huelga nacional del cobre no sería desproporcionada. Una denuncia internacional ante la OIT tampoco. Lo que no puede pasar es que esto se normalice como una anécdota más del Estado empresario represor.
CODELCO puede tener dueño público, pero actúa con el alma del capital privado. Y bajo el gobierno de Gabriel Boric Font, que hizo campaña apelando a la ética y los DD.HH., la estatal minera se comportó como una policía patronal clandestina. Si el sindicalismo no toma nota, la próxima persecución será más silenciosa y más efectiva.
Que no nos sorprenda que el próximo mártir sea más difícil de defender.
El cobre es rojo por la sangre obrera. Pero sus manos hoy están negras de persecución.
