La Ley de la Nacionalización del Cobre promulgada por el Presidente Salvador Allende en julio de 1971, comportó el clímax de un largo proceso de lucha de los sectores políticos y del pueblo que siempre reivindicaron como una demanda de soberanía recuperar el cobre para los chilenos. Allende llamó a este hecho «Lo más importante después de la Independencia de Chile» y el día de su puesta en vigencia, a través de todos los medios de comunicación, afirmó que “este acto tiene una extraordinaria trascendencia (…) que significa una modificación a la Constitución Política que acentúa la fuerza al sentido nacional de nuestra patria (…) es por eso que agradezco la presencia de los poderes del Estado: el Presidente del Senado; el Presidente de la Corte Suprema; el Cardenal Raúl Silva Henríquez; el Contralor General de la República; el compañero Víctor Díaz, Presidente de la Confederación de Trabajadores y el compañero Héctor Olivares, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
En este acto se firma el Decreto Promulgatorio de la Reforma Constitucional aprobada por unanimidad por el Congreso Pleno el 11 de julio. Esta reforma constitucional permite nacionalizar las empresas de la Gran minería del Cobre y además preservar para el Estado las riquezas básicas de nuestro país. Más allá de las fronteras que dividen a veces a los hombres, una gran conciencia nacional se ha hecho presente para hacer posible que Chile empiece a caminar hacia su definitiva independencia económica”.
Ya Luis Emilio Recabarren señaló en un artículo en el diario El Socialista de Antofagasta en 1920 que «Los problemas de la miseria y de la esclavitud no terminarán mientras tanto la clase obrera se resigne a sufrir la actual organización social. Nacionalicemos las industrias extractivas. Nacionalicemos las minas del carbón, las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura y procedamos a que toda la industria nacionalizada sea administrada bajo el control de comisiones nombradas por el gobierno o las municipalidades respectivas».
En 1951 los senadores del Partido Comunista, Salvador Ocampo y Elías Lafertte presentaron en el Congreso el Primer Proyecto de Ley de Nacionalización del Cobre.
Los enemigos de la nacionalización durante la UP
Malatrassi informa que “el gran desafío del momento era resolver el problema de que la producción se mantuviera y acrecentara, si era posible. La realidad era así. Toda la planificación y el desarrollo de esta riqueza venían elaborados del extranjero“. El economista que vivió en carne propia el proceso duro de la nacionalización cuprífera explica que “los ingenieros chilenos, en su momento, eran capataces que aplicaban las políticas de desarrollo que venían elaboradas fundamentalmente por Anaconda Copper Company, desde Estados Unidos.
Por fortuna me encontré con una persona excepcional, el Gerente General David Silberman Gurovich (ver recuadro). Logró tomar al conjunto de los supervisores de la empresa (Chuquicamata) y enrolarlo en una entrega importante, toda vez que existían fuerzas profundas y ocultas que trataban de desviarnos de nuestra dirección”.
El profesional evoca que “se manejaba mucha plata y se trataba de corromper a las personas, ofreciendo casas, autos, etc. Era gente que quería que el proyecto fracasara. De hecho, cuando era inminente el triunfo de la Unidad Popular, los enemigos de la nacionalización “florearon las minas”, es decir, explotaron aquellos lugares que eran más ricos por la calidad del metal y acumularon material estéril en sitios donde después se tenía que seguir produciendo. Ello se tradujo en un proceso de racionalización de la producción tremendamente caro y peligroso.”
La nueva fase de privatización: el papel de Diego Hernández
El ex senador Jorge Lavandero manifiesta que cuando se inició la tarea, primero de chilenizar el cobre con Frei Montalva (51 % de propiedad estatal), y luego la nacionalización íntegra con Salvador Allende “a las empresas privadas se les cobraba un impuesto según su producción que iba de un 65 a un 85 %, el cual era pagado y seguían ganando.”
Y en la actualidad, mientras en Australia –donde están las mineras más grandes del globo- la tasa de tributación efectiva alcanza el 43 %, en Chile, de acuerdo a Jorge Lavandero, “de las 47 empresas de cobre según el Servicio de Impuestos Internos, sólo dos y en forma esporádica han pagado impuestos, las otras 45, nunca.” Por lo demás, en el país se emplea erráticamente el término “royalty”, cuyo significado preciso es “renta”. Y corresponde a un derecho que tiene el propietario, en este caso el Estado, sobre los bienes que son de su propiedad.
En Chile no se cobra ese derecho sobre la renta a las grandes mineras. Se entregan gratuitamente. Por su parte, el doctor Edgardo Condeza, Presidente del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos, asegura que Chile representa sólo el 0,25 % de la superficie terrestre, “pero tiene el 37 % de las reservas conocidas de cobre en todo el planeta”, y agrega que “su costo de producción es el más bajo del mundo, y produce la tercera parte de todo el cobre de La Tierra.”
El economista y académico, Orlando Caputo (quien fuera representante de Allende en el Comité Ejecutivo de Codelco y Gerente General de Codelco), cuenta que la Constitución señala categóricamente que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sin embargo, el impuesto transitorio a la gran minería propuesto por el actual presidente Sebastián Piñera, reafirma las normativas anticonstitucionales que entrega en propiedad privada los yacimientos mineros. Esta traición a Chile se aprobó en dictadura, ideada por su hermano José Piñera cuando era ministro de Minería de Pinochet, y en momentos que Sebastián tenía problemas jurídicos como máximo ejecutivo del Banco de Talca.”
Caputo dice que Sebastián Piñera ha iniciado una nueva fase de privatización de Codelco, comenzando con actividades esenciales como el suministro de energía eléctrica. Asimismo, pretende privatizar los ricos yacimientos de Codelco que aún no han sido explotados.
