11 de julio: cuando Chile decidió ser dueño de su destino
"La historia es nuestra y la hacen los pueblos." Salvador Allende
Cada 11 de julio recordamos uno de esos escasos momentos en que un pueblo decidió ejercer plenamente su soberanía y recuperar para sí aquello que durante demasiado tiempo había servido para enriquecer a otros. La nacionalización del cobre impulsada por el gobierno del presidente Salvador Allende fue un acto de emancipación nacional. Fue la decisión de que la principal riqueza de Chile dejara de financiar el desarrollo de las grandes corporaciones transnacionales y comenzara a ponerse al servicio de su propio pueblo.
Aquella decisión no surgió del voluntarismo de un gobierno. Fue el resultado de décadas de luchas obreras, de movimientos sociales, de intelectuales comprometidos y de una conciencia nacional que comprendió que ningún país puede aspirar a un desarrollo soberano si renuncia al control de sus recursos estratégicos.
Allende lo entendía con absoluta claridad cuando afirmaba que el cobre era “el sueldo de Chile”. Hablaba de la posibilidad concreta de financiar escuelas, hospitales, viviendas, carreteras, universidades, ciencia y cultura con la riqueza que produce nuestro propio territorio.
Más de medio siglo después, esa convicción vuelve a estar en disputa.
Porque el neoliberalismo nunca aceptó plenamente aquella conquista histórica. Si la dictadura no pudo privatizar completamente Codelco fue porque comprendió el enorme costo político que ello significaba. Optó entonces por otro camino: abrir masivamente la explotación minera al capital privado, permitiendo que durante décadas enormes cantidades de riqueza abandonaran el país mientras Chile recibía apenas una fracción de las rentas extraordinarias generadas por sus propios minerales. El resultado está a la vista. Chile continúa siendo uno de los principales productores de cobre del mundo, pero buena parte de esa riqueza sigue alimentando utilidades privadas antes que derechos sociales.
Hoy, cuando el gobierno impulsa nuevas políticas de reducción del Estado, flexibilización laboral, disminución de impuestos al gran capital y debilitamiento de las capacidades públicas, la defensa de Codelco adquiere una dimensión aún más estratégica. Porque detrás de cada propuesta de “modernización”, de “asociaciones estratégicas”, de “gobernanza corporativa” o de “eficiencia empresarial”, muchas veces se esconde un viejo objetivo: disminuir progresivamente el papel del Estado en la propiedad y gestión de los recursos naturales que pertenecen a todos loc hiclenos.
La privatización rara vez llega hoy con ese nombre. Aprende de la historia y cambia de lenguaje. Se presenta como externalización, como alianza público-privada, como apertura de capital, como concesión, como filial autónoma o como incorporación de socios estratégicos. Pero el resultado puede ser el mismo: transferir progresivamente al capital privado decisiones y rentas que pertenecen a toda la nación.
Por eso defender Codelco no significa únicamente defender una empresa estatal. Significa defender la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales. Porque cada peso que deja de ingresar al patrimonio público es un peso menos para financiar educación, salud, pensiones, vivienda, investigación científica o protección ambiental. Quienes proponen reducir el Estado mientras disminuyen simultáneamente sus fuentes de financiamiento terminan construyendo una profecía autocumplida: primero debilitan deliberadamente la capacidad fiscal y luego utilizan ese debilitamiento para justificar nuevas privatizaciones.
La discusión, en realidad, es mucho más profunda que la propiedad de una empresa minera. Se trata de decidir quién debe apropiarse de la riqueza que produce la naturaleza. Marx observó que el capitalismo tiende permanentemente a convertir en mercancía aquello que pertenece al patrimonio común de la humanidad. Tierra, agua, minerales, conocimiento e incluso la vida misma terminan subordinados a la lógica de la acumulación privada. Frente a ello, la nacionalización del cobre representó exactamente lo contrario: la afirmación de que existen bienes estratégicos cuyo destino debe responder al interés colectivo y no a la rentabilidad de unos pocos.
Ese debate adquiere hoy una dimensión aún más urgente. El cobre ya no es solamente el principal recurso de exportación del país; es también un mineral estratégico para la transición energética mundial, la electromovilidad, el almacenamiento de energía y las nuevas tecnologías. Lo mismo ocurre con el litio, las tierras raras y otros minerales críticos. Renunciar ahora al control soberano de esos recursos sería repetir, en pleno siglo XXI, los errores que América Latina ha pagado durante siglos: exportar naturaleza e importar dependencia.
Pero la defensa de nuestros recursos naturales no puede reducirse a una consigna nacionalista. Debe inscribirse en un proyecto de transformación democrática donde la riqueza común financie derechos universales y permita construir un nuevo modelo de desarrollo. Nacionalizar no es simplemente cambiar de propietario. Es decidir colectivamente para qué se produce, cómo se distribuyen los excedentes y cuáles son las prioridades de la sociedad.
Por eso la conmemoración del 11 de julio debe convertirse en un compromiso con el futuro. Defender Codelco significa defender la educación pública, la salud, las pensiones dignas, el derecho a la vivienda, la investigación científica y la protección del medio ambiente. Significa impedir que el patrimonio construido por generaciones de trabajadores vuelva a transformarse en fuente de acumulación para intereses privados.
Hoy, cuando algunos vuelven a presentar al mercado como solución universal y al Estado como un problema, conviene recordar una de las mayores lecciones que nos dejó Salvador Allende: la soberanía política es inseparable de la soberanía económica. No existe verdadera democracia cuando las decisiones fundamentales sobre la riqueza nacional se toman lejos del pueblo que la produce.
El cobre sigue siendo el sueldo de Chile. La pregunta es si seguirá financiando los derechos de las grandes mayorías o si volverá a engrosar las utilidades de unos pocos. Esa decisión, como hace cincuenta y cuatro años, no pertenece a los mercados. Pertenece al pueblo de Chile. Porque hay fechas que no solo recuerdan el pasado; también nos interpelan sobre el futuro que estamos dispuestos a defender.
